El año 2022 que acaba de comenzar será clave para consolidar la recuperación económica y alcanzar velocidad de crucero en el despliegue del Plan de Recuperación de España. La evolución de la crisis sanitaria causada por la pandemia seguirá condicionando la agenda pública y la actividad económica que, de momento, sigue resistiendo con unos datos de avance del PIB robustos, aunque menos vigorosos de lo anticipado el pasado verano.

Las perspectivas económicas para 2022 anticipan un fuerte crecimiento a lo largo del ejercicio, superior al 5% según todos los analistas nacionales e internacionales, y cercano al 7% según el Gobierno. Sin embargo, los altos precios de la energía o la inflación, así como las dificultades en el comercio internacional y en las cadenas de suministros globales podrían dejar en papel mojado estas perspectivas.

También el contexto político marcará enormemente el devenir de este ejercicio: ya hay convocadas elecciones en Castilla y León para el mes de febrero, es previsible que las elecciones andaluzas se adelanten a la primera mitad del año y, tras el verano, entraremos en periodo preelectoral de cara a los comicios autonómicos, municipales y generales de 2023. Una agenda electoral que no facilitará la consecución de los grandes acuerdos que son necesarios para sacar adelante las reformas que el Gobierno ha comprometido con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación.

Reformas que no sólo pondrán a prueba la capacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para conseguir acuerdos en un Congreso más fragmentado que nunca, sino que también tensarán las costuras de la coalición con Unidas Podemos, no sólo por las discrepancias internas de base que existe entre ambos socios, sino también por la progresiva toma de posiciones que irán adoptando conforme se vayan acercando las distintas citas con las urnas.

En este contexto, desde Hill+Knowlton Strategies hemos realizado un análisis de los diez asuntos regulatorios más candentes para 2022, que van desde la reforma laboral recientemente acordada con los agentes sociales y que aún debe ser convalidada por el Congreso de los Diputados, a la reforma fiscal, que tendrá que esbozarse y tramitarse a gran velocidad durante los próximos meses si se quiere cumplir con el compromiso de que entre en vigor en enero de 2023.

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